MANIFIESTO POR LA DIGNIDAD DEL TURNO DE OFICIO

Hoy, un año más, y en las mismas condiciones que los anteriores, los profesionales que sostenemos el Turno de Oficio alzamos la voz para denunciar el progresivo desmantelamiento del derecho a la tutela judicial efectiva para las personas más vulnerables de nuestra provincia, de nuestra Comunidad, de nuestro país.

La combinación de una precariedad endémica, al que no se dan soluciones efectivas y combativas, y las recientes decisiones de reorganización judicial están precarizando el servicio y desprotegiendo a los ciudadanos más necesitados, que necesitan la gratuidad del servicio jurídico para la defensa de sus intereses.

El Turno de oficio es un pilar fundamental del Estado de Derecho, y con él, los somos los abogados y abogadas que formamos parte del mismo, sosteniendo el servicio que se presta a la ciudadanía con un enorme sacrificio y coste, tanto laboral, como personal.

Nuestras indemnizaciones son desde hace muchos años, demasiados, indignas, y no cubren, ni los costes mínimos de desplazamiento o gestión; es inadmisible que el estado permita que se realicen actuaciones judiciales impuestas y que carezcan de remuneraciones equitativas al trabajo realizado.

Los abogados y abogadas que formamos el Turno, operadores jurídicos imprescindibles en la cadena de la justicia, exigimos respeto. Respeto por el trabajo que realizamos sin los recursos necesarios día a día, veinticuatro horas, siempre dispuestos a atender las llamadas de guardia y desarrollar la defensa en los asuntos que, amparados bajo el paraguas de la justicia gratuita, nos reclaman los ciudadanos. Todo ello sacrificando nuestro derecho al descanso, nuestro derecho a la conciliación familiar, nuestro derechos a disfrutar de las bajas laborales que por enfermedad o maternidad/paternidad nos corresponda.

La situación del abogado que pertenece voluntariamente al Turno de Oficio no ha cambiado desde el año pasado. No se han atendido nuestras reivindicaciones, y por el contrario, las decisiones judiciales adoptadas respecto a la reorganización judicial, especialmente en materia de Violencia de Género, ha supuesto una concentración y alejamiento de los juzgados especializados para las víctimas, suponiendo un retroceso gravísimo en la accesibilidad y en la protección de las mismas.

La dispersión territorial exige que la respuesta judicial y la asistencia letrada inmediata se presten en el entorno cercano de la víctima, no en sedes centralizadas y alejadas de su realidad diaria. La comarcalización colapsa los juzgados receptores, dilatando los tiempos de respuesta en situaciones donde las horas y los minutos son vitales.

Por todo ello, exigimos a los poderes públicos y al Ministerio de Justicia:

1. Actualización inmediata y automática de los baremos del Turno de Oficio conforme al IPC.
2. Pago de la totalidad de las actuaciones realizadas por designación judicial, sin excepciones administrativas.
3. Paralización de los planes de comarcalización que alejan la justicia de las víctimas de violencia machista.
4. Dotación presupuestaria real para juzgados de proximidad y medios materiales dignos.

Sin una abogacía de oficio digna y una justicia accesible, no hay democracia real.

Por la dignidad de la profesión. Por los derechos de los ciudadanos